Cristina Fernández suma con un caso de lavado de dinero su quinto procesamiento

En la imagen, la expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015). EFE/Archivo

Buenos Aires, 14 may (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) sumó hoy su quinto procesamiento judicial, esta vez por una causa de presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que una de sus sociedades realizó con adjudicatarios de obra pública.

El juez federal Julián Ercolini procesó también a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner -entre otros-, copropietarios de la empresa Hotesur, que gestionaba un hotel en el que supuestamente algunos empresarios pagaron sobornos mediante la contratación de habitaciones.

Otros de los procesados fueron el excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, la sobrina de la expresidenta Romina Mercado y el empresario Lázaro Baez, cercano al kirchnerismo y ya en prisión preventiva desde 2016, y el hijo de este, Martín Báez.

El magistrado impuso contra ellos embargos de hasta 800 millones de pesos (unos 32 millones de dólares) para cada uno, como en el caso de la expresidenta Fernández.

El conocido como “caso Hotesur” se centra en las actividades de esa empresa, que según el juez no contaba “con capacidad económica ni experiencia en el rubro”, y cuya finalidad era otorgarle a los pagos de empresarios favorecidos con contrataciones de obra pública “apariencia de legítimos”.

Los procesados “habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz (al sur del país y gobernada por el kirchnerismo)”.

La compañía hotelera fue intervenida el pasado marzo, después de que la exmandataria declarase en noviembre del año anterior, cuando negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal.

Este caso se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada opositora Margarita Stolbizer.

Desde sectores afines al kirchnerismo criticaron el momento elegido para la imputación, en medio de una delicada situación para el Gobierno de Mauricio Macri por el desplome del peso, que terminó en la petición de ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero este caso no es el primero que afecta a la expresidenta, quien desde el cambio de inquilino en la Casa Rosada, a finales de 2015, ya ha sido objeto de cinco procesamientos (instancia a la que se llega tras la acusación de un juez), es investigada en otras causas e incluso fue dictada una orden de prisión que no se pudo materializar por su condición de senadora.

El primer procesamiento, correspondiente al conocido como “caso dólar futuro” le llegó en mayo de 2016, por las supuestas irregularidades que cometió el Banco Central al final de su mandato al vender dólares a futuro a un precio menor que el de mercado, y provocar así un perjuicio económico al Estado.

Otro caso, que ya fue elevado a juicio oral este año, fue el del supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en el que se procesó también al exministro del ramo Julio De Vido y al empresario Lázaro Báez, por supuestamente haber asignado adjudicaciones irregularmente a la constructora de Báez.

De acuerdo a la investigación, el Grupo austral, propiedad de Báez, resultó beneficiado con casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas.

En noviembre del año pasado, Fernández recibió su tercer procesamiento por una causa muy similar a Hotesur, con la imputación de los mismos delitos, al haber utilizado presuntamente la empresa inmobiliaria Los Sauces para recibir sobornos de empresarios mediante el alquiler de propiedades.

Un mes después, se dictó contra la expresidenta un nuevo procesamiento por el memorándum de que firmó Argentina con Irán en 2013 para investigar de manera conjunta el atentado a la asociación judía AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y sigue impune, y que según la Justicia tenía como objetivo proteger a los iraníes sospechosos de la masacre.

El juez acusó a Fernández de los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado, y solicitó al Senado que votase privarla de sus fueros para que ingresase en prisión provisional, algo que todavía no ocurrió.

En todos estos episodios, la exmandataria ha rechazado las acusaciones y ha señalado al Gobierno como responsable de su cada vez más complicada situación judicial.