ACLU critica que policías P.Rico tomen prueba sangre tras prueba de alcohol

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, William Ramírez. EFE/Archivo

San Juan, 20 may (EFEUSA).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), en Puerto Rico criticó hoy la firma del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, de exigirle a los policías a realizarle una prueba de sangre a un conductor pese a que haya dado negativo en su prueba de aliento por alcohol.

Según la ACLU, la enmienda violaría el derecho de toda persona a estar libre de registros y allanamientos irrazonables, su derecho a la privacidad y autonomía, mientras el debido proceso de ley que cobija a todos los acusados y posiblemente plantee una violación a la doctrina de separación de poderes.

En este último, la Legislatura, con el aval del Ejecutivo, «usurpa la función judicial» de examinar toda petición para órdenes de registro y allanamientos, las cuales tienen que basarse en causa probable y resueltos posteriormente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2013.

En dicho caso, el chófer se negó a someterse a la prueba de aliento, por lo que, como ya se hace en Puerto Rico, el policía lo obligó a realizarse la prueba de sangre, no consentida por el acusado.

El Tribunal Supremo resolvió que aun en esa situación se requería una orden judicial basada en causa probable.

El tribunal reafirmó que la toma de pruebas de sangre del cuerpo de una persona, sin su consentimiento, implica un registro irrazonable bajo la Cuarta enmienda a la Constitución de EE.UU.

En Puerto Rico, sin embargo, sin consideración al estado de derecho vigente se legisló para ir más lejos.

En este sentido, aún luego de que el conductor arroje un resultado negativo a la prueba de aliento, el policía está autorizado para obligar al chófer a someterse a una prueba de sangre, si el oficial aduce tener otras razones para creer que la persona está en estado de embriaguez.

Según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tomar sangre del cuerpo de una persona es altamente intrusivo y violatorio al derecho a la privacidad, por lo que se requiere una orden judicial basada en causa probable.

«No puede existir causa probable si el chófer no arrojó un por ciento de alcohol en la sangre que exceda los límites impuestos por la Ley de Tránsito. En dicho caso lo que procede es permitir que el chófer siga su camino», dijo la ACLU.

«De existir alguna otra evidencia independiente que sirva de causa probable, el oficial está obligado a conseguir una orden judicial para la toma obligatoria de una prueba de sangre», explicó.

Ante ello, la ACLU reafirmó que «le corresponderá a los tribunales pasar juicio sobre la misma».

«El Gobierno no puede continuar violando la constitución en la consecución de sus políticas públicas erradas», puntualizó el organismo.